Pobreza y desigualdad en América Latina (1980-2014)

El País, Planeta futuro, 30 de marzo de 2015

Gerardo Caetano, profesor de la Universidad de la República, Uruguay / Gustavo de Armas, especialista en política social de UNICEF, Oficina Uruguay

R_DominicanaEn estos últimos meses han surgido a la luz pública distintos Informes internacionales que vuelven a poner en el centro de la atención mundial la gravedad inusitada que ha cobrado la desigualdad en el contexto global más actual. Según Oxfam, el año pasado el 1% más rico del planeta era dueño del 48 por ciento de la riqueza del mundo. Pero las tendencias tienden a agravarse: en el 2016 ese 1% tendrá más del 50% y en el 2019 más del 54%. Si desagregáramos los grandes segmentos, nos encontraremos con asimetrías incluso más irritantes: en el 2014, el 20% del 99% concentraba el 46.5 % de ese restante 52, al tiempo que las ochenta personas más ricas del planeta poseen actualmente lo mismo que los 3.600 millones de personas más pobres. En ese contexto escandaloso, la situación de América Latina, a pesar de haber mejorado en la última década, sigue manteniendo guarismos muy preocupantes. Según el Banco Mundial y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), América Latina es la segunda región más desigual del planeta (52,9 de coeficiente de Gini), apenas por debajo del África Subsahariana (56,5) y seguida desde bastante lejos por Asia (44,7) y por Europa del Este y Asia Central (34,7). Por su parte, el recientemente publicado Panorama Social de América Latina 2014 de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) ha registrado un estancamiento en la baja de la pobreza: el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la Línea de Pobreza fue 28.1 en el 2013, al igual que en el 2012, y se proyecta que baje apenas en una décima porcentual para el 2014 (Gráfico 1).

Como bien ha advertido la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena: “… la recuperación de la crisis financiera internacional no parece haber sido aprovechada suficientemente para el fortalecimiento de políticas de protección social que disminuyan la vulnerabilidad frente a los ciclos económicos. (…) Ahora, en un escenario de posible reducción de los recursos fiscales disponibles, se requieren mayores esfuerzos para apuntalar dichas políticas, generando bases sólidas con el fin de cumplir los compromisos de la agenda de desarrollo post-2015.”

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Comunicado ante las detenciones en la llamada “Operación Pastor”

El Grupo de Acción Comunitaria (GAC) quiere mostrar su repulsa ante la detención de Oihana Barrios Salinas, Izaskun Abaigar García de Acilu, Nagore López de Luzuriaga, y Fernando Arburúa Iparagirre, que han sido detenidos en la mañana del día 25 de marzo en una nueva operación de la Guardia Civil, ordenada por la Audiencia Nacional en el marco de la llamada “Operación Pastor”, acusadas de “participar en reuniones que coordinaban las actuaciones para dar cohesión al frente de presos de ETA” según infoman algunos medios de comunicación.

El GAC quiere manifestar que las personas detenidas son docentes de su programa de postgrado en “Actuaciones Psicosociales, Violencia Política y Catástrofes”, profesionales de la psicología de acreditada competencia. Estos profesionales han participado activamente a lo largo de los últimos años en la elaboración del Estudio “Incomunicación y Tortura”, realizado por numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y avalado por Juan E. Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, y Ben Emmerson, Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo.

Las personas detenidas han destacado por su activa labor en la defensa de los derechos humanos y particularmente en la denuncia de prácticas policiales y judiciales prohibidas por el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Título VII del Código Penal estatal, así como en la asistencia a sus víctimas. No deja de resultar inaudito que profesionales implicadas en la denuncia y acreditación de situaciones de malos tratos y tortura a personas detenidas por la Audiencia Nacional, se encuentren en estos momentos bajo custodia de este órgano jurisdiccional.

El GAC considera inaceptable el despliegue policial en torno a los domicilios de las personas detenidas y el linchamiento mediático que no respeta su presunción de inocencia, así como la mera existencia de este modus operandi desplegado únicamente con la finalidad de amenazarles y tomarles declaración, absolutamente innecesario y estigmatizador. El GAC condena la persecución de profesionales sanitarias que en el ejercicio de sus funciones están prestando acompañamiento psicológico, independientemente de quiénes sean sus pacientes y cuál sea el contexto en el que se produzca, entendiendo el acceso a la sanidad como un derecho fundamental y universal.

Las queremos en libertad. Su acreditada solvencia y compromiso en la lucha contra la tortura nos obliga a ser infatigables -como ellas lo son- ante la más mínima sospecha de peligro sobre su integridad personal. Las queremos de vuelta como son, libres e íntegras.

Grupo de Acción Comunitaria

25 de marzo de 2015

Los Estados deben poner un alto inmediato a la detención de niños migrantes

IDC, 18/03/2015.

El IDC reafirma la recomendación del Relator Especial de la ONU sobre Tortura que llama a los Estados a poner un alto inmediato a la detención de niños migrantes.

En un innovador reporte temático sobre “Niños privados de la libertad” (“Children Deprived of Liberty“, A/HRC/28/68) publicado el lunes 9 de marzo en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Juan E. Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, encontró que la detención de niños migrantes no es solamente una violación a los derechos del niño, sino que también llega al nivel de “trato cruel, inhumano o degradante”, en violación a la prohibición internacional de la tortura.

La Coalición Internacional contra la Detención (IDC) exhorta a los Estados a seguir las recomendaciones del Relator Especial para centrarse en la atención y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes migrantes y para implementar alternativas a la detención migratoria que varios estudios muestran ser más eficaces y más humanas.

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“La concentración de los recursos destruye la naturaleza y pone en peligro vidas humanas”

Vandana Shiva/ Imagen cedida 13/03/2015

Para la filósofa, física, y ‘ecofeminista’ india Vandana Shiva, la concentración de la riqueza del 1% de la población no es solo injusta. “Es la receta para un genocidio y un ‘ecocidio’ mundial”, dijo la activista antiglobalización en su visita a España este marzo con motivo de la primera edición del Parabere Forum, en Bilbao. La filósofa ha vuelto a disparar contra los dos enemigos sobre los que ha articulado su lucha: el control de los recursos naturales a través de patentes propiedad de grandes multinacionales y los organismos modificados genéticamente (OGM) de estas corporaciones.

Shiva, de 62 años y natural de la zona del Himalaya, explica sus palabras a eldiario.es: “Dije que los procesos de acumulación de riqueza injustos y la concentración del control sobre los recursos destruye la naturaleza y también pone en peligro la vida de los seres humanos. El cambio climático, la extinción de especies, la erosión de la biodiversidad y la desaparición del agua son algunos indicadores de este ‘ecocidio”.

La veterana activista, que recibió el Premio Right Livelihood (conocido como el Nobel Alternativo) en 1993, es una firme opositora de los monocultivos y de las semillas tratadas genéticamente en cualquier caso.

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Informe 2014/15 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo

Amnesty International, 24 febrero 2015

2014 ha sido un año demoledor para quienes intentaron defender los derechos humanos y quienes quedaron atrapados en el sufrimiento de las zonas en guerra.

POL1000012015SPANISHA los gobiernos se les llena la boca hablando de la importancia de proteger a la población civil. Y, sin embargo, los políticos del mundo han fracasado lamentablemente a la hora de proteger a las personas que más lo necesitan. Amnistía Internacional considera que se puede y se debe cambiar esto de una vez por todas.

El derecho internacional humanitario, que regula la conducta de las partes en los conflictos armados, no puede ser más claro al respecto. Los ataques no deben dirigirse nunca contra civiles. El principio de distinción entre civiles y combatientes es una salvaguardia fundamental para las personas atrapadas en los horrores de la guerra.

Sin embargo, una vez más, la población civil volvió a llevarse la peor parte del conflicto. En el año en que se conmemora el vigésimo aniversario del genocidio de Ruanda, los políticos pisotearon reiteradamente las normas que protegen a los civiles o miraron hacia otro lado ante quienes infringían estas normas con consecuencias letales.

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España. Las políticas de austeridad vulneran los derechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pone en evidencia el impacto de dichas políticas en nuestro país
Plataforma 2015 y más, 5 de febrero de 2015.
España suspende el examen anual que el Estado español tiene que pasar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Más de 30 naciones y organizaciones de la sociedad civil alertan sobre los graves impactos que están teniendo las políticas de austeridad en nuestro país. Estados y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el grave aumento de la desigualdad, el incremento de la pobreza infantil, la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes o de las prácticas ilegales de devolución de inmigrantes.España compareció el pasado 21 de enero ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal, que evalúa el grado de cumpliento de los Estados en materia de derechos humanos. En dicho examen, más de 30 naciones han mostrado su preocupación por el grave impacto que han tenido las políticas de austeridad sobre los derechos sociales y económicos de los y las ciudadanas españolas.
Los Estados alertan del grave aumento de la desigualdad, del incremento de la pobreza infantil y de la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes en nuestro país. Un demoledor informe previo a la comparecencia, elaborado por Center for Economic and Social Rights (CESR), denuncia el sistemático incumplimento del Estado español en materia de derechos humanos, económicos y sociales.
Lee aquí el informe elaborado por el CESR. En este vínculo podrás encontrar los informes elaborados por el Gobierno español y otras organizaciones la sociedad civil para el examen periódico del Consejo de Derechos Humanos.

Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado.

FIDH: Informe Anual del Observatorio, 2 de diciembre de 2014

“We are not afraid!”París-Ginebra, 2 de diciembre de 2014 – Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el Observatorio en un informe que se ha publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

«Este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego» , ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

El informe está disponible para su descarga en inglés, francés y español.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un reto histórico

El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras lo que la comunidad internacional calificó como el primer golpe de Estado del siglo XXI en ese país. A su éxito contribuyó la Corte Suprema de Justicia, órgano integrado por miembros nombrados por los partidos mayoritarios, Liberal y Nacional, que promovieron dicho golpe. En ese contexto, los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y Tirza Flores Lanza, participaron en diversos actos de denuncia de los hechos y defensa del orden constitucional. Tras ello, fueron sancionados y removidos de la magistratura por la Corte, que acumulaba poderes jurisdiccionales y disciplinarios. El Tribunal entendió, a grandes rasgos, que habían incurrido en actos contra la “dignidad” o el “decoro” de sus cargos.

Desde el golpe de Estado han sido asesinados en Honduras, en circunstancias no esclarecidas, 6 jueces, 3 de ellos pertenecientes a la asociación judicial Jueces para la Democracia. Además, el número de fiscales, abogados y juristas defensores de derechos humanos asesinados desde el año 2010 es de 72. El pasado 10 de octubre de 2014 fueron asesinadas Marlene Janeth Banegas y Olga Patricia Eufragio, ambas  fiscales del Ministerio Publico en la ciudad de San Pedro Sula. De igual modo, a pocos días de este hecho, fue asesinada Iris Elizabeth Argueta, Defensora Publica en la ciudad de Catacamas.

En el año 2010, la asociación hondureña Jueces para la Democracia (AjD), una organización judicial legalmente reconocida y comprometida con la defensa de la independencia de la judicatura a la que pertenecen los jueces afectados, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asociación de defensa y promoción de los derechos humanos en América, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se declarase la responsabilidad del Estado de Honduras por la violación de diversos derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969. La Comisión, tras la admisión y sustanciación de la petición, y ante el incumplimiento del Estado hondureño de las recomendaciones que le dirigió, en marzo de 2014 remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano equivalente en el ámbito regional americano al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los días 2 y 3 de febrero de 2015 tendrá lugar la celebración de la vista oral ante el Tribunal en su sede en San José de Costa Rica.

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El caso Portu – Sarasola Los encubridores de la tortura al desnudo

Xabier Makazaga, Euskal Herria, 2015eko urtarril

ElCasoPortu-SarasolaDesde que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) efectuó su primera visita a España, en 1991, el Gobierno español han prometido varias veces a sus representantes que iban a implementar dos salvaguardias esenciales demandadas por dicho comité. Se comprometió a ello en tres ocasiones, en 1995, 1998 y 2003, pero no sólo ha roto siempre sus promesas, sino que ha mentido otras tantas veces al CPT en relación a la más sencilla de las salvaguardias, la de comunicar a un familiar del detenido incomunicado el lugar en el que éste se encuentra.

En efecto, tienen ambas facultades, pero no las ejercen nunca en el caso de detenciones incomunicadas. Ni una, ni otra, como se puede comprobar en el Anexo 2. Desde 1987, ningún magistrado ha visitado jamás a un detenido incomunicado en dependencias policiales. Ninguno. Y la última vez que un juez aplicó el “habeas corpus” a un detenido incomunicado fue en 1985.

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Derecho a la verdad en América.

CIDH, Comunicado de prensa, 27 de noviembre de 2014

Washington, D.C. – Frente a los enormes desafíos que actualmente muchos Estados de la región afrontan a fin de garantizar los derechos de miles de víctimas luego de épocas de dictadura, conflictos armados internos y situaciones de violencia generalizada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe sobre el Derecho a la Verdad en América.

La Comisión, a través de sus distintos mecanismos, recopiló información de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que hubo durante dichos períodos. Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía a fin de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos. También hubo, y en muchos casos se perpetúa, un patrón común en cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo sucedido. El ocultamiento de la información fue en algunos países una política deliberada del Estado e incluso una “estrategia de guerra”.

En este contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos. El informe hace referencia específica a los avances y los desafíos en varios países de la región en esta materia. En el caso de desapariciones forzadas, el informe destaca la obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar los restos exhumados y entregar los restos a sus familiares. Asimismo, el informe señala que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil o militar de la víctima ni del o de los acusado(s).

El informe también resalta la absoluta incompatibilidad de las leyes de amnistía con derecho internacional de los derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de adopción. Todas las instituciones estatales tienen el deber de aportar toda documentación de cualquier tipo, incluyendo archivos militares o documentos clasificados como “secretos” o bajo cualquier otra denominación que restrinja su circulación, a fin de contribuir con las investigaciones que se realicen por este tipo de graves violaciones.

Lea el informe.

Comunicado completo

CIDH condena a Colombia por las desapariciones tras el asalto al Palacio de Justicia en 1985

  • Es un paso más para establecer la verdad por las desapariciones durante “retoma” del Palacio de Justicia
  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el 10 de Diciembre una fuerte sentencia, no sólo por las desapariciones, sino también por detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras vulneraciones.

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“Existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”.

Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia notificada al Estado colombiano el pasado 10 de diciembre, justo el día en que el mundo conmemora el día internacional de los derechos humanos. En esta decisión se declaró la responsabilidad internacional de Colombia por una serie de graves violaciones a la Convención Americana de DDHH durante la “retoma” del Palacio de Justicia en Bogotá, durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.

[…]

Respecto a la sentencia sobre el Palacio de Justicia, la Corte IDH le ordenó al Estado que en un plazo razonable estableciera la verdad de los hechos y realizara lo necesario para “determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas así como de las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes”.

Consulte el texto completo de la sentencia

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Parlamento vasco sobre defensa de los derechos humanos en Colombia

parlamento-vascoProposición no de Ley 190/2014, relativa a garantías para la libre defensa de los derechos humanos en Colombia (Acuerdo de la comisión) (10/11.02.01.0639)

La Mesa, en su reunión del día 19 de diciembre de 2014, ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco del acuerdo adoptado por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana en relación con la proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario EH Bildu.

Proposición no de Ley.

Desplazamiento Ambiental, Globalización y Cambio Climático

Observatorio Ciudadano – Chile, 9 de diciembre de 2014

IWGIA-DesplazamientoEl 09 de diciembre se presentó en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya el libro “Desplazamiento ambiental, Globalización, y Cambio climático: Una mirada desde los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, en el marco de las actividades que se realizan en el contexto de la COP20 y la Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Lima.

La publicación, editada por el Observatorio Ciudadano y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés), evidencia los graves impactos del cambio climático y de los modelos de desarrollo extractivos en la población, provocando migraciones compulsivas y desesperadas producto de serias afectaciones a sus territorios, ecosistemas, modos de vida o formas de subsistencia. Siendo la falta de agua producto de la desertificación y la disputa que sobre este bien común ejercen los mencionados proyectos, factores determinantes para que millones de personas se vean obligadas a abandonar forzosamente sus tierras.

Un fenómeno que en la actualidad afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo y que aumenta año a año, estimando el Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que al 2050 estas podrían alcanzar las 250 millones, constituyendo el problema más grave del cambio climático a enfrentar durante el siglo XXI.

Hoy nueve de cada diez desastres se encuentran relacionados con el clima, generando hasta cinco veces más afectados que los conflictos bélicos y armados, por lo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido que estamos en la antesala de una crisis humanitaria mayor si es que no se toman medidas urgentes, manifestando a su vez preocupación por que no exista un estatuto especial que proteja a los desplazados ambientales, pues como reconoce el propio organismo la Convención de Refugio no les es aplicable.

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CIDH expresa preocupación por la violencia generalizada contra personas LGBTI y la falta de recopilación de datos por parte de Estados Miembros de la OEA

CIDH, 17 de diciembre de 2014

violenciaLGBTI-esWashington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa monitoreando la situación de violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en América. En ese marco, la Comisión ha documentado asesinatos y otros actos de violencia grave contra personas LGBT durante un período de quince meses (entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014) y ha publicado un Anexo al presente comunicado que contiene un análisis de dicha información. A través del Registro de Violencia, la Comisión observó que, durante dicho período, al menos 594 personas que eran LGBT o eran percibidas como tales fueron asesinadas y que al menos 176 fueron víctimas de graves ataques contra su integridad física supuestamente relacionados con su orientación sexual o su identidad o expresión de género en 25 Estados Miembros de la OEA.

La CIDH observa que la mayoría de los Estados Miembros de la OEA no recopilan datos sobre la violencia contra personas LGBT. En ese contexto, excepto por unas pocas fuentes estatales, la CIDH debió llenar este vacío recurriendo a fuentes complementarias, tales como la cobertura periodística en medios de comunicación e informes de organizaciones de la sociedad civil. El Registro de Violencia no es exhaustivo pero revela diversas formas de violencia generalizada que sufren las personas LGBT en América. La CIDH observa la dificultad para determinar la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, particularmente en lo que se refiere a los asesinatos. Las fuentes de información, y en especial las fuentes periodísticas, rara vez tienen en cuenta la auto identificación de las víctimas al informar sobre estos delitos. De hecho, las personas LGBT que son víctimas de violencia suelen ser presentadas por los medios de comunicación en términos carentes de sensibilidad. En ese sentido, la CIDH observa que los códigos voluntarios de conducta profesional de los medios de comunicación y los periodistas pueden desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la discriminación y en el fomento de principios de igualdad.

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En 2014 Europa ha condenado cuatro veces a España por violar los derechos humanos

Diagonal 26/12/14

Las torturas durante detenciones incomunicadas, la vulneración de derechos de las personas demandantes de asilo y la apropiación de bienes por parte de la Iglesia son los tres temas que han llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a condenar al Estado español hasta en cuatro ocasiones durante 2014, según un informe elaborado por Rights Internacional Spain. El TEDH ha condenado a España por violar los artículos 2, 3, 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha emitido, durante este año 2014, sentencias relacionadas con la violación de derechos y con las que se obliga a modificar la legislación española.

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