El caso Portu – Sarasola Los encubridores de la tortura al desnudo

Xabier Makazaga, Euskal Herria, 2015eko urtarril

ElCasoPortu-SarasolaDesde que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) efectuó su primera visita a España, en 1991, el Gobierno español han prometido varias veces a sus representantes que iban a implementar dos salvaguardias esenciales demandadas por dicho comité. Se comprometió a ello en tres ocasiones, en 1995, 1998 y 2003, pero no sólo ha roto siempre sus promesas, sino que ha mentido otras tantas veces al CPT en relación a la más sencilla de las salvaguardias, la de comunicar a un familiar del detenido incomunicado el lugar en el que éste se encuentra.

En efecto, tienen ambas facultades, pero no las ejercen nunca en el caso de detenciones incomunicadas. Ni una, ni otra, como se puede comprobar en el Anexo 2. Desde 1987, ningún magistrado ha visitado jamás a un detenido incomunicado en dependencias policiales. Ninguno. Y la última vez que un juez aplicó el “habeas corpus” a un detenido incomunicado fue en 1985.

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En 2014 Europa ha condenado cuatro veces a España por violar los derechos humanos

Diagonal 26/12/14

Las torturas durante detenciones incomunicadas, la vulneración de derechos de las personas demandantes de asilo y la apropiación de bienes por parte de la Iglesia son los tres temas que han llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a condenar al Estado español hasta en cuatro ocasiones durante 2014, según un informe elaborado por Rights Internacional Spain. El TEDH ha condenado a España por violar los artículos 2, 3, 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha emitido, durante este año 2014, sentencias relacionadas con la violación de derechos y con las que se obliga a modificar la legislación española.

Informe completo.

“La política del miedo es más fuerte que los derechos”

“Para el conflicto vasco existe una justificación social [de la tortura]. En este caso es más fuerte la política del miedo que la defensa de los derechos humanos”, dice Gabriela López, psicóloga del Grupo de Acción Comunitaria (GAC). López fue una de las más de 30 profesionales de la salud que han participado en la elaboración del estudio Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul, elaborado por diferentes organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra el GAC, y presentado el pasado 18 de septiembre en Madrid. En él se detallan 45 casos de personas que han estado en régimen de incomunicación y alegan haber sido torturadas. “El estudio no hace tanto hincapié en los trámites judiciales, sino que se basa en el impacto que la tortura puede tener en las personas y, a partir de ese impacto, que hemos visibilizado a través de los testimonios, podemos decir que ésta ha sucedido. No necesitamos una sentencia legal, no necesitamos que haya llegado a trámite o a juicio. El proceso ha sido supervisado y acompañado por profesionales reconocidos a nivel internacional de la ONU y del Subcomité de Prevención de la Tortura. Es un instrumento que ha salido de Na­ciones Unidas y se está aprobando su uso como prueba pericial”, continúa López.